En la reunión que han mantenido esta mañana los órganos directivos de ACP Málaga, han puesto de relieve que la falta de suelo es el principal problema con el que se encuentra el Sector y que de ello se deriva gran parte del encarecimiento de la vivienda.
La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga) ha reunido esta mañana a los representantes de las empresas que conforman su Junta Directiva de Promotores Inmobiliarios, que según sus estimaciones, están gestionando más del 80% del suelo residencial de la provincia. De la reunión han salido una serie de necesidades, que entienden vendrían a mejorar y equilibrar un sector esencial como es el de la vivienda.
Al ser las comunidades autónomas las que tienen competencias en materia de urbanismo y vivienda, los promotores ven en las cercanas elecciones andaluzas una oportunidad para conseguir acuerdos de consenso entre todos los grupos políticos, en un tema tan sensible como este. El presidente de ACP Málaga, Juan Manuel Rosillo, ha indicado que “por responsabilidad social de todos, esperan tengan buena aceptación y que se conviertan en ideas básicas de consenso” y ha solicitado “el compromiso público de todos, para impulsarlas desde el papel que les corresponda tras el proceso electoral, ya sea gobierno u oposición”.
Según los promotores malagueños, la ausencia de suelo finalista y los “excesivos” plazos de gestión de planeamiento para nuevos desarrollos, han hecho encarecer la materia prima básica para la edificación, y ello está repercutiendo negativamente en el precio de la vivienda y dificultado el acceso a la misma a muchos colectivos, como los jóvenes. Por ello, plantean la “necesaria” puesta en carga de los suelos en manos de la Administración, así como de los suelos que la legislación les obliga a ceder para la construcción de viviendas protegidas. Además, sugieren la implementación de medidas adicionales para estas viviendas de precio tasado, como préstamos de bajo interés o avales públicos para la entrada, que según la regulación del banco de España no puede cubrirse con préstamo hipotecario, y que tiene que ser al menos de un 30% del precio de la vivienda.
Ante la insuficiente cifra de viviendas protegidas promovidas por la Administración Pública, proponen fórmulas de colaboración público-privadas, introduciendo los cambios necesarios para que sean actuaciones viables y atractivas a la participación privada, que los que detallan estarían contar con módulos adaptados a los costes reales de construcción y equilibrados a los que ya tienen en otras comunidades, o la ampliación de las rentas de los que pueden acceder a esta tipología de vivienda protegida ya que “son muchos los que exceden de los parámetros requeridos para acceder a una vivienda protegida, pero se quedan también lejos del acceso a una vivienda del mercado libre”
Una vez más, los promotores recalcan la necesaria clarificación de la legislación urbanística y muy especialmente de los informes sectoriales y de las normativas medioambientales, con especial mención a la GICA. Según su visión, existe una legislación “extensa y confusa, incluso a veces contradictoria”. Como solución proponen la digitalización total de las tramitaciones administrativas, y la ampliación de las tramitaciones a realizar mediante declaración responsable. Después del buen resultado que ya está teniendo esta figura, para la obtención de la primera ocupación de las viviendas, quieren extender su utilización, avalando así la tendencia legislativa de las directivas europeas, que apuestan por dar responsabilidades al administrado, es decir a las empresas. En palabras del presidente de la Junta Directiva de Promotores, Ignacio Peinado, “no pedimos disminuir en ningún término las exigencias urbanísticas, técnicas o medioambientales, sólo contar con plazos ciertos y ágiles de respuesta por parte de la Administración y en caso de no ser así, nos dejen asumir la responsabilidad de su cumplimiento”. A día de hoy y según su experiencia, cada proyecto se convierte en la entrada a “un laberinto, que no siempre cuenta con salida, pero que en cualquier caso, les lleva años recorrer”. Aunque tienen expectativas puestas en la entrada en vigor de la LISTA y de su Reglamento de desarrollo, han pedido más valentía y responsabilidad por parte de la Administración ampliando el uso del silencio positivo, como muestra de su compromiso con los plazos que en la legislación están establecidos.
Dado el gran atractivo que tiene Málaga frente al mercado internacional, no han querido dejar atrás, la adopción de políticas, fundamentalmente de índole fiscal, como la eliminación del impuesto de patrimonio, que ya no persiste en la mayoría de los países europeos, como única fórmula de ser competitivos frente a otros países cercanos, que están apostando de forma decidida por la figura del residente no habitual.
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